Ley y Orden.

El Vocero de Puerto Rico
Pedro R. Pierluisi
Ex Secretario de Justicia de Puerto Rico
Candidato a Comisionado Residente del P.N.P.
Viernes 21 de diciembre de 2007

¿Donde está la ley y el orden?


Puerto Rico es una sociedad de ley y orden; sin embargo, últimamente no lo aparenta. Estamos viviendo momentos de recesión económica, incertidumbre sobre el futuro, días de desesperanza. El gobierno y el liderato popular, lejos de fomentar sensatez y visión, contribuyen diariamente a la falta de confianza en nuestras instituciones.

Hoy está reinando el caos y la desobediencia de una minoría disfrazada de justicia que pretende derrumbar los cimientos democráticos donde los derechos de todos se respetan.
La controversia de Paseo Caribe es el más reciente ejemplo de causas desenfocadas que acaparan la opinión pública. Somos testigos de protestas que dejan de ser libertad de expresión para convertirse en actitudes delictivas que minan la fibra moral de nuestro pueblo. Aceptar conductas indebidas y criminales porque la causa es buena o justa es sinónimo de aceptar que algunos pueden estar por encima de la ley.

Como pasado Secretario de Justicia, considero la ley y el orden fundamentales para garantizar la calidad de vida en Puerto Rico. Nuestra forma de gobierno y sus tres ramas constitucionales nos han servido bien y tenemos que protegerlas sino queremos destruir la base democrática que nutre los derechos civiles de nuestra sociedad.

El derecho de libre expresión es indiscutible. Pero ningún derecho civil puede utilizarse como escudo para pisotear los derechos ajenos. Los que se oponen a Paseo Caribe tienen todo el derecho de protestar y de hacer público su reclamo. Inclusive, tienen el derecho de acudir a las agencias gubernamentales y a los tribunales para exigir que se atiendan sus planteamientos. Nuestra constitución ofrece al ciudadano múltiples oportunidades para solicitar reparación de agravios. Pero las decisiones finales de las agencias y de los tribunales tienen que ser respetadas.

A lo que no tiene derecho un ciudadano es a violentar los derechos de otro, a interferir con la paz ajena, a dañar la propiedad privada o pública en defensa de su causa. Eso sería aceptar la anarquía; eso sería faltarle el respeto a Puerto Rico.

El problema de Paseo Caribe es que ha surgido ante la falta de liderato que sufre Puerto Rico en su gobierno. Acevedo Vilá continuamente arrastra los pies para convocar a sus jefes de agencia a cumplir con su responsabilidad ministerial. En el contexto de una investigación federal que lo amenaza, se escuda detrás del Secretario de Justicia para evitar tomar las decisiones necesarias que pongan fin a esta controversia. Actúa en respuesta a la presión pública de un pequeño sector a quien le debe favores políticos, tomando decisiones en reacción, pero sin razón. Y entonces, calla cuando la verdadera representación amplia del pueblo se levanta para hacerse sentir. A éstos los ignora porque no puede estar con Dios y con el diablo.
Las acciones de Sánchez Ramos también contribuyen a la incertidumbre sobre este proyecto. La nueva opinión legal de Justicia está encontrada con dos opiniones previas de ese departamento en las que se basaron los desarrolladores y las agencias gubernamentales para emitir permisos y comenzar la construcción del proyecto.

Es claro que sólo los tribunales pueden resolver la controversia que ahora ha creado Sanchez Ramos con su desafortunada opinión. La realidad es que su intervención cae fuera del alcance del referido del Senado de Puerto Rico que recibió Justicia. En vez de investigar cualquier posible delito o irregularidad en la otorgación de los permisos del proyecto, el Secretario pretende reinterpretar toda la historia jurídica del desarrollo del Caribe Hilton y sus terrenos aledaños.

Pero esto hay que verlo en su contexto total. ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones? ¿Qué significan para nuestro turismo y desarrollo económico? ¿Cuál es el bien común? La responsabilidad de nuestro gobierno con sus deberes ministeriales no puede ser abdicada. Las normas y reglamentos bajo los cuales se hacen negocios en Puerto Rico no pueden ser acomodaticias ni cambiantes.

Y, sobre todo, los estudios, pruebas periciales, requerimientos de procesos y permisos tienen que completarse antes del comienzo de una obra porque luego, el gobierno tiene que honrar sus compromisos. Si no, el progreso se detiene. Si el gobierno puede retirar derechos adquiridos por personas o empresas, ¿de qué valen los derechos o permisos que todos tenemos? ¿Cómo se puede confiar en el gobierno?

Las vistas administrativas sobre este proyecto deben darse con el mayor cuidado al debido proceso de ley. Nuestro gobierno no debe causarle daños injustificados a ciudadanos o empresas por los cuales después nosotros tengamos que pagar el precio.

Hablar de demoler o de implosionar en momentos donde la isla sufre un estancamiento económico auto-infligido es fallarle a nuestro pueblo. Puerto Rico tiene que promover su desarrollo, construir y crecer.

Es momento de mirar hacia el futuro con soluciones y no destrucciones. Es momento de hablarle claro al pueblo sin miedo a las críticas de un sector minoritario.
Es momento del cambio.